Una resolución de la AFIP, publicada recientemente en el en el Boletín Oficial de la Nación y que obliga a los taxistas a registrar a sus choferes encendió un luz de alerta en el sector y avivó las diferencias entre los representantes de los gremios que agrupan a los peones y propietarios de autos de alquiler.
Mientras desde el Sindicato de Peones de Taxis de Tucumán afirman que los casi 12.000 choferes que trabajan en la provincia deben ser blanqueados por sus patrones, desde la Asociación de Conductores de Taxis de Tucumán (Acott), aseguran que la agrupación que nuclea a los choferes no tiene potestad legal para solicitar inspecciones colectivas en conjunto con la Secretaría de Trabajo de la provincia.
La semana pasada la AFIP dio a conocer la resolución general Nº 3.461 que estableció un índice denominado Indicadores Mínimos de Trabajadores (IMT) mediante el que insta a los dueños de taxis a contar, obligadamente, con un chofer registrado por cada licencia de habilitada. También exige a las mandatarias a tener registrados como mínimo a 10 conductores por cada 13 licencias.
Según el representante de los peones, Carlos Pizarro, la resolución de la AFIP alcanza a su gremio ya que está adherido al Sindicato de Peones de Taxis de Buenos Aires, conducido por Omar Viviani. "Esta resolución es muy importante porque obliga a los dueños de autos de alquiler a blanquear a sus choferes. Además, la AFIP puede actuar de oficio. Nosotros estamos permanentemente realizando controles con la Secretaría de Trabajo. Es una ardua tarea y queda mucho por delante, ya que de los 12.000 conductores, sólo el 20% está registrado", señaló Pizarro.
El gremialista denostó la figura del arrendatario para encuadrar la actividad, propuesta por algunos ediles alperovichistas. "El arrendatario va en contra de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo, que fue firmado en 2008. Por eso lo rechazamos", explicó Pizarro, al tiempo que criticó al representante de los propietarios de taxis, Julio Rodríguez. "Este dirigente fue una creación nuestra, porque Acott nació para defender a los peones de taxis. Ahora él se cambió de vereda y defiende intereses patronales", fustigó. "Tiene un sello de goma y está sólo. Porque él preside la entidad y su mujer es la secretaria. Ahora quiere ser juez y parte, pero en realidad está del otro lado del mostrador", criticó Pizarro.
Al ser consultado por LA GACETA, Rodríguez recogió el guante y arremetió: "¿Pizarro representante? Es ilegal lo que él está haciendo porque no tiene personería gremial para salir a hacer controles. A menos que tenga alguna complicidad con la Secretaría de Trabajo, él no puede salir a controlar nada. El Sindicato de Peones de Taxis de Buenos Aires está más de 1.500 kilómetros de distancia de Tucumán. Que se preocupe primero por obtener la personería", refutó.
Según el dirigente, desde Acott están trabajando para mejorar la calidad laboral de los choferes. "Paulatinamente vamos a ir avanzando para dignificar a los compañeros de la actividad. Estamos realizando gestiones para que tengan obra social", comentó.
En el medio de ese tire y afloje, los concejales de la capital debaten los cambios que se implementarán en la ordenanza que regula la actividad. Sin embargo, confirmaron que no avanzarán con la figura del arrendatario, a raíz de la polémica que había generado esa iniciativa. Tanto oficialistas como opositores coinciden en que una salida posible al problema laboral sería la implementación la figura de la "mandataria", que ya dio buenos resultados en Capital Federal, según opinan los ediles.